Vamos tirando

Hemos señalado ya dos caras del problema: El Estado que rebaja por inutilidad o maldad el nivel de la educación, y cientos de miles de padres cuya única aspiración es que sus niños tengan un expediente oficialmente inmaculado, importándoles un carajo -dándoseles una higa, digamos en castellano clásico ya que hablamos de enseñanza y educación- la preparación y cultura real adquiridas por sus cachorritos.  Ante esto, una medida se hace necesaria, como ya hemos dicho, y es la recuperación y potenciación del nivel de exigencia y excelencia en la escuela.

Pero en la escuela pública, por supuesto. Porque otra pata del problema es que progresivamente se ha dejado que los mayores niveles de excelencia y/o exigencia recaigan en la escuela privada y en menor medida en la concertada. Es un lavado de manos inadmisible por parte de los poderes públicos, que parecen contentarse con no complicarse la vida en el colegio público y si alguien quiere más, que se lo pague, o busque plaza en un concertado al que a la vez le ponemos zancadillas para no reconocer nuestro fracaso. Total, las familias del régimen podrán pagar los Liceos Franceses, Colegios Británicos o Alemanes o la escolarización en el extranjero de sus herederos.

Por supuesto que la prioridad ABSOLUTA debe ser la profunda mejora de la escuela pública. Es responsabilidad del Estado que los primeros puestos de todos los estudios comparativos que se hagan estén ocupados por centros públicos: Para eso tienen más recursos, para eso son más caros, para eso responden -o deberían responder- a una función pública fundamental, pilar de la sociedad. Además, todos esos centros deben tener un funcionamiento y nivel homogéneo EN TODA LA NACIÓN e independientemente de las áreas en las que estén enclavados. Si por razón que fuere un centro tiene un porcentaje significativo de alumnos con problemas sociales o educativos, ese centro concreto deberá contar con los medios pertinentes para que esos alumnos sean atendidos según las necesidades, pero nunca, bajo ningún concepto, a costa del avance del resto de sus compañeros. Hay que igualar, sí, pero siempre por arriba, nunca por abajo. Si un alumno necesita un empujón y se le puede dar, se le dará. No se frenará al que no lo necesita para esperar al que viene por detrás. Si este principio básico no es entendido y atendido por la Autoridad, no sigan trabajando en ello: Cualquier reforma educativa que omita este principio fracasará.

Esta escuela pública de calidad puede -y yo diría que debe- ser completada con oferta de iniciativa social que sea también sostenida con fondos públicos siempre que no suponga un coste superior a la escuela pública. Esta enseñanza concertada estaría sujeta a unas normas elementales: Los centros deben cumplir con los mismos requisitos funcionales, sanitarios, de seguridad, etc. que los centros públicos y deben tener libertad ABSOLUTA tanto en sus fórmulas pedagógicas, como en el ideario -no solo en cuanto a confesionalidad- propio como en el nivel educativo a ofertar siempre que cubra el mínimo establecido por ley. Con una particularidad radicalmente distinta a la situación actual de la enseñanza concertada: El centro tendrá derecho a participar en la selección de los alumnos, y capacidad para pedir al Estado la reubicación de un alumno en un centro público si el niño o su familia no comparten y el ideario o los métodos del centro. Coherencia máxima. Si a tu niño le vas a contar que los p… curas y las p… monjas son malos malísimos y que la Iglesia es un cuento, mandas a tu niño a un colegio no confesional. Desde mañana mismo. Y punto.

No es admisible que un centro con ideario tenga que comerse a quien se mea en ese ideario a diario porque  así se lo imponen los métodos de distribución de alumnos de la Junta de Andalucía mientras que cientos de niños de familias que desean esos métodos y ese ideario tienen que cursar sus estudios en colegios públicos porque así lo decide el Estado.

Hemos hablado de centros públicos y concertados. Pero es irrenunciable otra opción más: La educación en familia. El artículo 27 de la Constitución del 78 fija varias generalidades acerca de la educación. Indica que la básica -sin más aclaraciones- es obligatoria, que debe ser gratuita y que se reconoce la libertad de enseñanza. Además, dice que el Estado ayudará a todos los centros docentes que cumplan lo fijado por la ley. Dese por ley al hogar, por tanto, rango de centro docente. El niño que siga este método de enseñanza estará sujeto a los mismos, exactamente los mismos, exámenes periódicos que todos los niños de todos los centros -públicos, concertados y privados- de la nación. Y todos ellos estarán sujetos a las mismas exigencias, derechos y deberes en virtud de los resultados de esas pruebas, que servirán para dirimir si se superan o no cursos o niveles, otorgar las becas que se puedan destinar a los alumnos más brillantes, la revisión de conciertos a centros o la suspensión de la autorización dada a un alumno para educarse en casa.

A todos los alumnos, estudien en los colegios que estudien y vivan en el entorno social que vivan, se les medirá exactamente con el mismo nivel, y no sólo para el acceso a la Universidad, sino periódicamente durante toda la vida escolar del alumno. Esto actuará como filtro real de la calidad de los centros, sean privados, públicos o concertados.

Todos los alumnos y sus familias tendrán derecho a solicitar plaza en el centro que deseen independientemente de la cercanía o no del centro a su domicilio. El limitar al domicilio el criterio para obtener plaza en un centro es un atentado a la libertad de enseñanza, al menos mientras no haya todas las opciones posibles en todos los distritos. Si en un barrio conflictivo sólo hay un colegio, con alumnos conflictivos, y unos padres del barrio quieren llevar al niño a otro colegio en un barrio tranquilo, pero no tienen domicilio laboral fuera del mismo, actualmente estamos condenando al hijo a seguir metido en un ambiente conflictivo. Eso es un atentado inadmisible a la libertad del niño y de toda la familia.

Evidentemente nada de esto es posible ni defendible si no se empieza por el principio: La mejora profunda de la red de colegios públicos. Porque ahora mismo, visto lo que hay, si hubiera libertad real de elección, habría 200 solicitudes de plaza en colegio concertado por cada una en colegio público. Decir esto no es estar contra la Pública. Al contrario. Es denunciar el impresentable estado en que se encuentra -con contadas excepciones- para que se corrija.

Decía Ciudadano Amfortas en un comentario anterior que él reivindicaba  la excelencia de la Pública pero renegaba de la Libertad de Enseñanza por ser un «camelo clasista». A mí el camelo clasista me lo parece la situación actual de abandono total de la Pública. Una vez que la pública se potencie, no puede haber clasismo en la existencia de la concertada. Pero es más: No hay libertad de enseñanza sin una Pública fuerte. Una vez que se consiga esa red pública basada en la excelencia, será posible la libertad real que no existe cuando una opción es muy inferior a otra.

Nos faltaría un aspecto fundamental para recuperar o alcanzar un nivel educativo del que sentirnos orgullosos, verdadera base del progreso de la Nación: Una vez potenciada la enseñanza elemental, definir claramente las distintas posibilidades de la media y la superior. Y esto pasa, evidentemente, por subir igualmente el nivel de exigencia en la Universidad. Pero también tenemos que recuperar de manera urgente la Formación Profesional de calidad. Y paralelo a esta recuperación, una rebaja en los rangos de edad de la enseñanza común obligatoria. Es absurdo mantener en el colegio o instituto hasta los 17 a un chaval que no quiere estudiar. Antes, sobre los 15, tiene que tener la posibilidad de orientarse hacia un sector específico y especializado, el que sea, cursando la Formación Profesional, que debe buscar un aprendizaje profundo y especializado, basado en la práctica, dirigido a posibilitar una salida laboral rápida y digna para el alumno al alcanzar la mayoría de edad, e incluso el acceso a las prácticas durante su formación. Todo eso sin llegar al abandono total de una formación cultural básica durante esos años. Y posibilitando después un acceso a Formación Universitaria en áreas similares a la que se curse la FP, recuperando así tantas y tantas vocaciones que no se manifestaron durante la enseñanza obligatoria pero que se han descubierto durante la FP o en el principio de la vida laboral.

Lo que pretendía ser una entrada a raiz del suceso del Colegio Buen Pastor ha ido creciendo, y no estoy seguro de que lo haya hecho en el orden y proporción adecuados. Pero sirvan estas tres entregas -quizá enmarañadas, quizá con una presentación poco y mal elaborada- para presentar unos humildes apuntes sobre un modelo para la recuperación de la Enseñanza en España. Que falta hace.