Vamos tirando

En unos días está previsto que el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre los recursos presentados a las sentencias de tribunales territoriales que han dado la razón a los padres objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía por ser ésta una intromisión al derecho de los padres a elegir el modelo de formación moral para sus hijos que recoge el artículo 27.3 de la Constitución y, sobre todo, el sentido común.

Ante este horizonte, ya hay quien mueve ficha. El diario El País, el panfletucho Público, la Cadena Ser y los canales Cuatro y La Sexta, sobre todo, con acompañamiento variado, apuntan toda su artillería hacia el tribunal supremo defendiendo la supuesta importancia de mantener esta asignatura como obligatoria para la correcta formación moral de la muchachada. Y para dar una vuelta más de tuerca, ahí tienen a un fiel peón para escenificar la patochada: CEAPA, esa secta que se hace llamar Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos y que sufre una enfermedad bastante habitual en España, la de poner los intereses particulares por encima de los generales e imponer la ideología a su supuesta función (representar a los padres de alumnos, sea cual sea su filiación política, religiosa o futbolística), no ha tenido mejor idea que dirigir una carta al presidente del Tribunal Supremo, Sr. Carlos Dívar, para presionarle de cara a la sentencia. ¿Se imaginan ustedes a su vecino escribiendo cartas personales al juez que va a dictar sentencia sobre su deuda con la comunidad, por ejemplo?

Dicen los sectarios de CEAPA que abrir la puerta a la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía es reventar el estado de derecho y abrir un boquete que acabará con la Educación en España porque agarrándose a eso, los padres podrán objetar a cualquier asignatura, como matemáticas o lengua.

Los sectarios de CEAPA esconden que ni lengua ni matemáticas son asignaturas de formación moral, como sí es EpC según han declarado abiertamente los propios creadores y defensores del engendro -gobierno, PSOE, Fundación CIVES, Peces Barba…- desde que presentaron la criatura.

Manipulan, por tanto, los sectarios. Mantienen y difunden la manipulación los altavoces de la secta. Hasta ahí, nada nuevo. Al fin y al cabo, es lo que han hecho siempre.

Pero ¿Qué puede pasar con esa sentencia? Evidentemente dos cosas: Que se de la razón a los padres, ratificando las sentencias de otros tribunales, o que se revoquen aquellas. Y ¿Qué pasa si “ganamos” los padres? ¿Estará todo arreglado? ¿Se tendrá ya libertad para educar a nuestros hijos? Mucho me temo que no.

El movimiento objetor está formado y gira en torno a los padres, eso es evidente. Hay organizaciones respaldándolo, y mucho, como Profesionales por la Ética, el Foro de la Familia, Hazte Oír, CECE, CEU, Centro Jurídico Tomás Moro y muchos más, que son quienes en gran medida han articulado y hecho posible la difusión nacional de nuestro rechazo a la imposición del comecocos EpC y puesto al alcance de todos la documentación y formularios para argumentar y presentar las objeciones. Estas organizaciones son las que han trabajado mucho y bien por ello. No los partidos políticos, y no el Partido Popular. Saco al pepé en esto porque me temo que en caso de que la sentencia sea favorable, quien intente pescar en ese río sean precisamente los de la gaviota. Ya con las sentencias en Andalucía, Javier Arenas corrió a salir en una foto en la que no pintaba nada ofreciéndose a la Junta para “arreglar” el problema pactando -entre PP y PSOE- una reforma de los contenidos.

No, Sr. Arenas. No queremos reforma de los contenidos para que así haya doctrina socialista y doctrina pepera a partes iguales. Queremos que se elimine totalmente una asignatura de formación moral si no es específicamente solicitada por los padres. Ni el gobierno ni el Sr. Arenas nos van a decir qué formación moral tienen que cursar nuestros hijos.

Así que si “ganamos”, no dejemos que nadie se apropie de la victoria jurídica. Pero tampoco pensemos que el gobierno va a aceptar la sentencia por las buenas. No lo ha hecho en Andalucía, dónde sigue suspendiendo alumnos que tienen respaldo judicial para no cursarla, así que no será muy diferente a nivel nacional.

Pero ¿y si “perdemos”? ¿Qué pasa si el Tribunal Supremo dice que no reconoce la objeción y que nos obliga a cursarlo?

Pues lo primero, que el Tribunal Supremo iría en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero tampoco a estas alturas vamos a confiar en que los Tribunales de Justicia sean imparciales, justos y se atengan a la legalidad… que no somos nuevos en esto.

Lo segundo, el gobierno utilizaría la sentencia para amenazarnos a los padres objetores. Cosa que lleva haciendo desde el primer día.

Lo tercero, aquellos padres que en mi muy modesta opinión se han equivocado gravemente diciendo que la legitimidad de nuestro movimiento emanaba de las sentencias favorables, tendrán ahora el mismo argumento en su contra.

Porque no. Nuestro movimiento no se legitima en las sentencias favorables, aunque las haya. No se legitima en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que con su sentencia 53/1985 dice claramente que tenemos razón. No se basa en que lo diga la Constitución Española en su artículo 27.3.

Nuestro movimiento, nuestra resistencia al atropello inaceptable de que sea un gobierno -del color que sea- el que fije de manera inapelable los contenidos que deben recibir nuestros hijos en su formación moral no se legitima en un papel. Se legitima en nuestra condición de padres y en nuestra obligación moral de velar porque nuestros hijos reciban una formación en los valores que nosotros elijamos. Y si para ello tenemos que situarnos enfrente de las sentencias, los tribunales, las sectas y los batallones mediáticos que intenten impedírnoslo, allí nos situaremos y aguantaremos, a pie firme, las embestidas, las amenazas y los atropellos.

Y quien no tenga esto claro, que se vaya al pepé a pastelear y nos deje a los padres defender la libertad, la educación y la formación de nuestros hijos por encima de arreglos políticos y conveniencias.

Frente a la imposición de Educación para la Ciudadanía: NI UN PASO ATRÁS.