Vamos tirando

Hace varias semanas me dirigí a la Junta de Andalucía anunciando que no toleraría que a ninguno de mis hijos se les haga llegar una guía sobre sexualidad que se reparte en centros de secundaria, es decir, a niños desde los 11 años. Ya hice público mi aviso aquí.

Un par de semanas después me llega un correo electrónico en el que desde el área de atención al ciudadano de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía me remiten un documento firmado por Jefa de Gabinete de la Consejera y, según dice, remitido por indicación de la propia Consejera. Pueden ustedes leer el documento, del que sólo he eliminado mis datos identificativos. El caso es que la misma contestación que remito al área para que remita a la jefa de gabinete para que remita a la Consejera, les dejo aquí:

—

Estimada Sra. Paneque:

Recibo su escrito de fecha 7 de mayo referente a mi protesta sobre la Guía de Sexualidad que esa Consejería reparte entre alumnos desde 11 años y, francamente, quedo más preocupado incluso que en mi primera impresión.

Si preocupante me parece que en una falta de cuidado impresentable, este folleto se pudiera entregar a preadolescentes de 11 años, sus palabras que reproduzco literalmente indicando que este reparto «nunca es arbitraria e indiscriminada, sino que obedece a una planificación, objetivos y contenidos educativos previamente programados» directamente me espanta y me reafirma en mi idea de que el problema no es que desde las distintas administraciones del Estado se hagan mal las cosas, sino que se realizan siguiendo un plan estrictamente malvado e inadmisible. Que el problema no es de ineptitud sino de maldad, a secas.

Pretende usted amparar la bondad de que ese reparto sea legítimo en que esté amparado por el Consejo Escolar, que según usted representa a los padres (y madres, añade innecesariamente). Es evidente que el Consejo Escolar de un centro tiene las atribuciones que tiene y sus representantes son elegidos por los padres. Eso puede hacerlos representantes de los padres en cuestiones varias del funcionamiento del centro, pero nunca, bajo ningún concepto y de ninguna manera puede sustituir la voluntad de los padres cuando afecta a inclusión de los hijos en programas que están estrictamente apartados del contenido curricular o de las actividades propias del centro educativo, y muchísimo menos cuando esos programas contemplan valoraciones morales subjetivas, como es el caso.

Existe además otro problema añadido, y es que el Consejo Escolar de un centro pudiera acercarse algo más a una representatividad real de los padres si estos pudieran efectivamente elegir entre varios centros posibles. Pero esto, evidentemente, no se da en Andalucía, ni prácticamente en ningún lugar de España. La demostración la tiene en los datos de Educación, con cientos de familias que no obtienen plaza en centros con ideario acorde a sus planteamientos, porque por encima de ellos prima para el Estado el que se viva a un lado u otro de una calle.

Me dice usted, finalmente, y vuelvo a rescatar textualmente sus palabras, que «En el caso de que sus hijos cursen sus estudios en un centro que desarrolla el Programa Forma Joven y no desea que se beneficien de este programa, que aborda estas y otras materias relacionadas con estilos de vida de los adolescentes en relación a su salud, debe comunicarlo a la dirección del centro y/o al tutor del alumno. La dirección del centro dará cuenta de esta incidencia al Consejo Escolar sin menoscabo de que lo comunique, además, a los representantes de las familias en dicho Consejo». ¿Es usted consciente de lo que está diciendo, Sra. Paneque?

¿Qué medidas ha tomado la Junta de Andalucía para asegurarse de que todos y cada uno de los padres de alumnos de esos centros adscritos a ese «Programa Forma Joven! están plenamente informados de los contenidos que en virtud del acogimiento a ese programa van a ser impartidos a sus hijos? ¿Alguien de la administración del Estado se ha tomado la molestia de avisar de que entre ellos hay contenidos una indiscutible inculcación de valores no elegidos por los padre? Observe que no le estoy diciendo que sean contrarios a los de los padres. Estoy diciendo simplemente que no son elegidos libre y conscientemente por ellos.

En el supuesto -inexistente en la práctica- de que la Junta de Andalucía hubiera facilitado esa información a los padres, quien debiera pedir el explícito consentimiento para dar a los niños una formación moral no elegida por los padres, sería el propio centro, desde su dirección o su consejo, o incluso las administraciones responsables del programa. Si además ese dato es desconocido por la práctica totalidad de los padres, la invasión inadmisible de la Junta de Andalucía en la libertad de los padres es aberrante.

Jamás puede pretender obligar a unos padres a dar por buenos los contenidos de un programa salvo que específicamente vayan a rechazarlo. Ustedes no intenten imbuir sus principios morales en niños inocentes. Ni en los míos, ni en los de nadie que no lo solicite explícitamente. Y si lo hacen, no se extrañen si algunos padres, ante semejante invasión y aplastamiento de nuestros derechos, respondemos con los medios que tengamos en nuestras manos movidos por la defensa de nuestra familia, que no dude cualquier padre con dos dedos de frente situará, siempre, por encima de cualquier disposición que esa administración se invente y pretenda imponerme, en el colmo del sarcasmo, como un plan de desarrollo integral de la persona.

Insisto: Bajo ningún concepto admitiré que ningún tipo de formación moral no solicitada por mi esposa o por mí, sea la que sea, le sea impuesta a ninguno de mis hijos. Y para eso no puede usted exigirme comunicaciones ni excepciones de ningún tipo. Estén en el colegio o instituto que estén. Y si lo intentan, me encargaré personalmente de que a los responsables nunca más se les ocurra semejante disparate.

Atentamente,

—