Hace unos días salió a las librerías el primer tomo (se anuncian tres en total) de las memorias del Presidente de la II República, Niceto Alcalá-Zamora. Por fin.
Y digo por fin porque la aventura de esas memorias y de los papeles que las conforman es digna de análisis. Someramente: En 1937 los papeles de Alcalá-Zamora son robados de una caja fuerte de Credit Lyonnais por, digamos que presuntamente, alguien cercano al asesino (ahí no pongo presunto, faltaría más) Santiago Carrillo. Entre estos papeles estaban tanto sus memorias manuscritas como los documentos que apoyaban sus versiones. Cuando empiezan a hacerse públicas algunas partes, Azaña, el que había depuesto y suplantado ilegalmente a Alcalá-Zamora, ordena el secuestro y ocultación de los papeles.
En Francia, Alcalá-Zamora reescribe sus memorias pero carece de los documentos que prueban sus palabras. Al final de la guerra, los papeles desaparecen, posiblemente robados por algún agente nacional.Y durante 70 años, nada más que la certeza en su familia de lo vivido y contado, pero nada de los papeles.
En 2008, el vaquero César Vidal y el historiador Jorge Fernández-Coppel reciben una llamada que les ofrece los papeles por 60.000 euros. Avisada la Guardia Civil, se detiene al vendedor y se intervienen los papeles. José Alcalá-Zamora Queipo de Llano, nieto del Presidente y académico de la historia pide repetidamente los papeles de su abuelo. Finalmente los guardias que intervinieron le confiesan que por orden “de arriba” los papeles se los queda el Ministerio de Cultura.
Durante años, la familia ve como se le niega el acceso a los papeles e incluso el Estado paga a quien ofertaba documentos históricos robados. Después de muchas excusas, el Gobierno se retrata negándose tanto a entregarlos a la familia como a hacerlos públicos (en el Archivo de Salamanca) porque el contenido de los papeles “podría causar crispación”. La propia familia tenía temores fundados de que el mismísimo Ministerio de Cultura pudiera llegar a destruir o “distraer” documentos que se perdieran para siempre.
La razón era evidente y conocida. En plena vorágine del invento de le memez histérica o memoria histórica, no podían consentir que el propio Presidente Alcalá-Zamora viniera de la tumba a decir que el gobierno del Frente Popular era tan legítimo como mis decisiones sobre la fiscalidad de Taiwan.
Porque eso es lo que contienen los papeles: La declaración del Presidente de la ilegalidad de los comicios de febrero del 36, en los que no hubo recuentos y sí milicias armadas que proclamaban las candidaturas como vencedoras, mientras el gobierno previo se inhibía y quitaba de enmedio para que no les tocaran la cara.
Finalmente los papeles llegaron a sus dueños. Jorge Fernández-Coppel ha sido el encargado de ordenarlos, estructurarlos y publicarlos. José Alcalá-Zamora escribe el epílogo a esta primera entrega -”Asalto a la República (enero-abril de 1936)”- en la que deja de manifiesto la absoluta ilegitimidad de origen del gobierno del Frente Popular.
Dicho todo esto, y esperando tener el libro pronto, dos cosas:
La primera, que si aquellos que hemos sostenido esta ilegitimidad de origen hemos encontrado siempre el argumento de que como éramos unos fachas todo eso eran teorías conspiranoicas nuestras, no me cabe la menor duda de que las palabras de un Presidente de la República, exiliado en el franquismo también serán tildadas de “paranoias fascistas” por los “egregios” Gibson, Preston y demás chusma.
La segunda, que esta ilegitimidad de origen se suma a la ilegitimidad de actuación que adquirió ese gobierno con su criminal conducta. Pero que la de actuación por sí sola era más que suficiente para justificar, como para mí está plenamente justificado, el Alzamiento Nacional del 18 de Julio de 1936, producido no “contra la República”, sino contra un gobierno doblemente ilegítimo y criminal.